El poder oculto y silencioso del ‘gota a gota’

Prestar dinero a tasas de usura y cobrar con violencia es un delito que crece sin control en Colombia, incluso se exporta por américa Latina, sin que ninguna autoridad haga nada

Hay dos fenómenos sin control en Colombia que crecen en las grandes ciudades al mismo ritmo de su explosión urbana, que lleva cada año a centenares de familias a trasladarse de la periferia a las grandes capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. Se trata del mototaxismo, que poco a poco desplaza el uso de los buses como vehículos de movilidad urbana en los niveles populares, dados los bajos precios de los automotores, las facilidades de manejo y expedición de licencias, el no pago de peajes y la venta sin control en tiendas de barrio. Comprar una moto hoy es tan sencillo como pedir una gaseosa en la esquina.

Asociada a esta tendencia social de transporte en estratos socioeconómicos uno, dos y tres, y que se multiplica sin ninguna vigilancia, está el acceso a dinero ilícito de los prestamistas que pululan en las plazas de mercado, los bares, restaurantes y centros comerciales; lugares de encuentro en donde se consigue un crédito de cualquier cantidad de dinero para pagarse al día, la semana o el mes, a tasas “sangrientas” de 10%, 20% y hasta 50%.

Lo peor no es la usura, que es un delito perseguido, es la violencia usada para ejecutar los cobros. No en vano en la Costa Caribe a estos prestamistas se les llama “chuza ojos”. Todo un panorama macabro que crece sin control y que no solo se ha instalado en las zonas marginales de las capitales, sino que se ha exportado. Los colombianos dedicados a prestar dinero rápido, sin papeles, a tasas muy altas y con cobro violento, son reconocidos en México, Centroamérica, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Incluso, hay casos detectados en España. Las “transnacionales” de este delito siguen la misma ruta del narcotráfico porque todos los préstamos con estas características son para lavar dinero.

Lo más irónico es que solo hasta ahora la Fiscalía y la Policía han empezado a atacar este flagelo que ya hace parte de la cultura de la informalidad en las centrales de abastos. Luchar contra del dinero fácil no es una tarea simple, pues el acceso al crédito formal, por parte de quienes suelen acudir al ‘gota a gota’, es casi un rasgo cultural: no les gustan los bancos por más que estos les faciliten el dinero sin más documentos que la cédula. Los usuarios de ese dinero fácil prefieren exponerse a la violencia y vivir aislados de las bases de datos crediticias que bancarizarse. No hay mucha sensibilidad en el país a rechazar el dinero proveniente del narcotráfico y las mil maneras que usan para lavarse y entrar a la oferta monetaria; el lavado de activos no es repudiado en la sociedad de manera masiva, incluso se aceptan negocios que evidentemente crecen por estos medios.

El Código Penal, en el artículo 305, tipifica el delito de usura: “quien reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión. La pena para este delito es de dos a cinco años de prisión y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así mismo, el que compre cheque, sueldo, salario o prestación social bajo este delito, tendrá una pena de prisión de tres a siete años y una multa de 100 a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Fuente: Diario La República.

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